El reciente escándalo por el desvío de más de mil cápitas de afiliados geselinos del PAMI hacia clínicas privadas fuera de la ciudad no es un hecho aislado ni un error burocrático. Es el resultado directo de una lógica política que antepone el negocio privado a la salud pública. Y en toda la Argentina tiene un color político y referente local: Javier Russo, jefe de la agencia PAMI Villa Gesell y referente local de La Libertad Avanza.
Mientras los hospitales públicos atraviesan una situación crítica y los jubilados sobreviven con ingresos de miseria, el PAMI —bajo gestión libertaria— decidió quitarle más de 12 millones de pesos mensuales al hospital municipal de Villa Gesell, transfiriéndolos a un prestador privado en General Madariaga, a 50 kilómetros de distancia. Lo hizo sin informar a los propios afiliados, muchos de los cuales descubrieron que estaban “capitados” en otra ciudad recién al momento de requerir atención médica.
Pero la gravedad del hecho no termina ahí.
Durante una entrevista en la Radio Municipal, el secretario de Salud geselino, Dr. Jorge Villalba, junto al abogado del municipio de Madariaga, Dr. Leandro Alonso, calificaron esta situación como un recorte arbitrario, sistemático y con posibles implicancias penales. El Dr. Alonso fue tajante: “No hablamos de un botón mal apretado, sino de una acción deliberada”. Desde su mirada, lo ocurrido podría constituir mal desempeño de funcionario público e incluso una asociación ilícita entre agentes de PAMI y clínicas privadas.
Russo, lejos de asumir la responsabilidad, publicó un comunicado plagado de excusas: dice no haber tenido acceso al padrón, señala a la sede central de PAMI, e incluso intenta victimizarse frente a lo que llama “politización del tema”. Pero los hechos hablan por sí solos: el desvío de cápitas fue detectado por el propio hospital de Madariaga, no por la agencia local. Y la reacción de Russo fue tardía, tibia y confusa.
Las denuncias ya están en marcha. La Unidad Fiscal de Investigaciones del PAMI intervendrá, y tanto Madariaga como Villa Gesell se encaminan hacia una acción conjunta en la Justicia Federal. Porque esto no se trata de una interna partidaria, como sugiere Russo: se trata del acceso a la salud de más de 10.000 afiliados del PAMI en la región, personas mayores que han aportado durante toda su vida y hoy son víctimas del abandono.
Este escándalo no puede analizarse fuera del contexto político que lo hace posible. La Libertad Avanza ha elegido recortar, desfinanciar y desmantelar el Estado en nombre de una eficiencia que nunca llega. Ha quitado recursos a los municipios, ha frenado obras públicas vitales, y ahora también pone en riesgo la atención médica de los sectores más vulnerables.
Russo no es un funcionario aislado, es el brazo local de ese modelo de ajuste. Un modelo que castiga al interior, que premia el negocio privado y que convierte a la salud en mercancía. Y eso, en una ciudad como Villa Gesell, donde el hospital municipal es el principal sostén del sistema de salud, es inaceptable.
La ciudadanía merece saber quiénes son los responsables. Y merece también una respuesta política y judicial a la altura del daño provocado. La salud de nuestros jubilados no se negocia. No hay relato ni comunicado que tape lo evidente: esto fue una maniobra deliberada. Y debe haber consecuencias.
