La Justicia ya investiga las maniobras con las cápitas del PAMI: preocupación por el impacto en el sistema público de salud. El Caso podría sentar un presedente a nivel nacional.
La denuncia por el traslado unilateral de cápitas de afiliados del PAMI desde el Hospital Municipal de General Madariaga hacia otro prestador ya ingresó formalmente al circuito judicial. El expediente fue remitido por competencia a la Fiscalía Descentralizada I de Dolores, a cargo del fiscal Juan Pablo Curi, donde se investigan posibles irregularidades con consecuencias institucionales y sociales de enorme gravedad.
Según informaron desde el Ejecutivo madariaguense, la presentación inicial se realizó el 19 de mayo ante la Fiscalía Federal de Mar del Plata, impulsada por el intendente Esteban Santoro. La denuncia se origina en decisiones adoptadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que habrían implicado la reasignación masiva de cápitas sin notificación previa ni consentimiento informado por parte de los beneficiarios.
La medida, según explican desde el municipio, provocó un perjuicio económico directo para el hospital público local, pero también expuso a miles de adultos mayores a un esquema de atención médica menos accesible, incluso a más de 50 kilómetros de distancia de su lugar de residencia habitual.
Ante esta situación, la Unidad Fiscal de Investigaciones en el Ámbito del PAMI (UFI-PAMI), encabezada por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, tomó intervención en el caso. El pasado viernes, representantes del gobierno local mantuvieron una reunión en la Ciudad de Buenos Aires con funcionarios de esta unidad especializada, en la que presentaron documentación y elementos probatorios vinculados a lo que consideran una afectación grave del sistema de salud público y de los derechos de los afiliados.
Durante el encuentro participaron el intendente Santoro, el secretario de Salud Amadeo Echeverría, el responsable del área de facturación del hospital Gonzalo Costa y el asesor legal Leandro Alonso. Según expresaron, las acciones observadas por parte del PAMI se habrían ejecutado “a espaldas de los adultos mayores”, en un contexto donde las decisiones sanitarias deben necesariamente sustentarse en criterios de equidad, transparencia y cercanía.
La fiscalía deberá ahora evaluar si, a partir del material presentado, corresponde avanzar en una causa que incluya hipótesis como fraude contra la administración pública, cohecho, tráfico de influencias o asociación ilícita. Por el momento, no hay imputaciones individuales ni definiciones judiciales concluyentes, pero se trata de la primera denuncia penal de este tipo impulsada por un municipio contra la obra social nacional.
Mientras tanto, tanto Madariaga como Villa Gesell continúan reclamando la restitución de las cápitas a sus hospitales públicos, advirtiendo que este tipo de maniobras —más allá de su legalidad— debilitan el ya complejo equilibrio de los sistemas municipales de salud y vulneran el acceso real a una atención digna para quienes más la necesitan.
