Marcelo Bailaque, hasta ahora juez federal en Rosario con procesamiento por extorsión, vínculos con narcos y prevaricato, renunció para evitar su destitución por el Consejo de la Magistratura. La aceptación de su dimisión depende de Javier Milei, mientras que la causa contra Cristina Fernández de Kirchner ya avanzó sin contemplaciones.
En un giro que pone en jaque a la Justicia argentina, Bailaque decidió dar un paso al costado el 10 de junio para evitar enfrentar el juicio político que posiblemente terminaría con su destitución y detención domiciliaria. Su salida ocurre en una coyuntura donde el poder judicial avanzó sin tregua en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, que el 13 de noviembre de 2024 resultó en una condena de seis años de prisión confirmada por la Corte Suprema. La renuncia de un magistrado investigado por favorecer a narcotraficantes y extorsionar empresarios, mientras CFK enfrenta una condena firme, pone en evidencia la doble vara del sistema judicial.
Marcelo Bailaque, juez federal de Rosario, presentó su renuncia el 10 de junio —efectiva desde el 1° de julio— para evitar ser destituido por el Consejo de la Magistratura, que lo había citado a declarar el 17 de junio tras aprobar cargos contra él. Bailaque está imputado en al menos tres causas: extorsión a dos financistas por USD 160.000, maniobras dilatorias en favor de narcotraficantes como Esteban Alvarado y mal manejo de fondos portuarios desvíos hacia la mutual de un amigo. Aunque los fiscales -incluyendo la Procelac- habían solicitado su detención domiciliaria, sus fueros protegían su libertad. Al renunciar, eludió el juicio político y la imposición de una tobillera electrónica, dejando su futuro judicial pendiente del aval presidencial.
Este episodio contrasta con el rumbo judicial adoptado en el caso Vialidad, donde la Corte Suprema ratificó el 13 de noviembre de 2024 la condena a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción, sin atenuantes ni demoras. Mientras CFK debe afrontar su pena y está inhabilitada para cargos públicos, Bailaque pudo beneficiarse de mecanismos que facilitan su salida, poniendo en jaque los estándares de equidad y consistencia de la Justicia argentina.
