Miles se movilizan en todo el país para respaldar a CFK tras la ratificación de su condena. Mientras el oficialismo habla de proscripción, la Corte asegura que se respetaron las garantías. La grieta institucional se profundiza.
La jornada de este miércoles expone la tensión máxima entre los poderes del Estado y la sociedad civil. La Corte Suprema ratificó la condena por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner, dictando prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Desde temprano, cientos de micros con militantes fueron detenidos y controlados en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, lo que disparó denuncias por hostigamiento político.
El operativo de seguridad, en manos del Gobierno nacional y la Ciudad, se despliega en un contexto de movilización masiva impulsada por el kirchnerismo, sindicatos, organismos de derechos humanos y gobernadores del PJ. Denuncian una condena sin pruebas y un proceso viciado por el “lawfare”.
El país asiste a un nuevo episodio de polarización extrema, donde cada vereda interpreta la Justicia desde una trinchera ideológica. Lo que hoy sucede en Plaza de Mayo no es sólo una expresión de apoyo: es la señal de alerta de una democracia que tambalea entre la legalidad y la legitimidad.
