La Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de una jubilada de 80 años que solicitó reiterados préstamos personales porque su jubilación no le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. La Justicia declaró nulos los contratos con Cartasur Cards S.A. y la empresa de cobranzas Enpro S.R.L., por considerarlos “comportamiento desaprensivo, abusivo e ilegítimo” hacia una consumidora “hipervulnerable”.
Los hechos descritos por la mujer son alarmantes: las cuotas consumían hasta el 49 % de sus ingresos, las tasas nunca fueron informadas (los espacios quedaron en blanco), y las empresas no contestaban sus pedidos de liquidación de deuda. Además, las comunicaciones de cobranza fueron insistentes y amenazantes, incluso luego de iniciada la causa judicial.
El fallo no solo anuló los contratos: también ordenó una indemnización de 2,6 millones de pesos por daño moral y 5 millones por daño punitivo. Se obligó a retirar su nombre de las bases de datos de deudores.
Este fallo representa un avance judicial importante — reconoce a las financieras como abusivas y sanciona su actuar —, pero no alcanza. La solución debe incluir reformas macroeconómicas: mejorar el poder adquisitivo de las jubilaciones, reforzar los sistemas de seguridad social y proteger a la población que queda fuera del mercado laboral activo.
En muchas economías latinoamericanas, incluida Argentina, las políticas de austeridad y ajuste favorecen a los bancos privados y desprotegen a los segmentos más frágiles, particularmente jubilados, asalariados y personas de ingresos bajos. Estos grupos, sin ingresos reales o con pensiones en valores inferiores a la inflación, quedan expuestos al endeudamiento extremo como única válvula de escape.
