La presidenta del Concejo Deliberante de Pinamar, Analía Figueroa, confirmó en las últimas horas una situación tan grave como alarmante: una empleada municipal está siendo investigada por la desaparición de 67 millones de pesos de las arcas públicas, en un período de apenas tres meses.
Según lo informado por Figueroa, el caso fue comunicado oficialmente al Concejo a comienzos de abril, cuando el Ejecutivo dio aviso del faltante y de la apertura de un sumario administrativo. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de la magnitud del daño patrimonial, la empleada sigue en funciones, lo que ha generado fuertes cuestionamientos dentro del cuerpo legislativo local.
“El Ejecutivo actuó con lentitud. El sumario ya venció sus plazos, y la persona implicada continúa trabajando como si nada. Es inaudito”, expresó un concejal que prefirió mantener el anonimato, aunque desde el bloque de Juntos por el Cambio fue el edil Martín Napoli quien tomó la posta y presentó un pedido de informes formal.
Desde la oposición exigen que el intendente explique por qué no se avanzó con la suspensión preventiva de la implicada y qué medidas de control se aplican actualmente para evitar que algo así vuelva a suceder.
Una alerta sobre los controles municipales
El caso no solo revela una posible conducta delictiva individual, sino que desnuda una preocupante falta de control en la administración municipal. ¿Cómo puede ser que una sola persona tenga acceso irrestricto a fondos públicos y que se desvíen millones sin que salten alarmas automáticas o auditorías internas?
El episodio pone sobre la mesa la urgencia de reformar los mecanismos de supervisión financiera en el municipio. Se necesitan sistemas de control más estrictos, separación clara de funciones, monitoreos periódicos y mayor transparencia sobre el manejo de fondos.
¿Qué pasos deberían seguirse?
- Suspensión inmediata de la empleada mientras avanza la investigación administrativa y judicial.
- Auditoría externa o integral sobre al menos el último año de operaciones, para verificar si hay más irregularidades.
- Acceso público a la documentación del caso, garantizando que concejales y ciudadanía puedan controlar el proceso.
- Modernización de los sistemas de control, incorporando tecnología, trazabilidad y revisiones cruzadas.
Una oportunidad para corregir
El escándalo deja una lección clara: la confianza ciudadana en las instituciones se construye —o se destruye— con acciones concretas. Si desde el Ejecutivo local no se adoptan medidas ejemplares, el mensaje que se transmite es el de la impunidad o la negligencia.
Los fondos públicos no son propiedad de ningún funcionario: pertenecen a la comunidad. Cada peso malversado es una calle sin asfaltar, una luminaria apagada, una escuela sin recursos.
Pinamar está frente a una oportunidad para corregir el rumbo y demostrar que la transparencia no es un discurso, sino una práctica diaria. La ciudadanía espera respuestas. Y las merece.
