La Corte Suprema se prepara para firmar un fallo clave en el llamado caso Vialidad, ratificando la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Este momento no es sólo judicial: se siente como una nueva embestida histórica contra el peronismo, que podría desencadenar tensiones sociales profundas, recordando viejas heridas que la Argentina no termina de cicatrizar.
En un contexto de fuerte polarización, la inminente confirmación de la condena a la presidenta del PJ Nacional revive un patrón conocido en la historia argentina: la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política contra el peronismo. El país se encuentra al borde de un nuevo estallido social, mientras sectores populares y militantes alertan sobre la repetición de un guion que ya dejó cicatrices imborrables en la democracia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene previsto pronunciarse en las próximas horas sobre el fallo del caso Vialidad, que implica la confirmación de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que algunos presentan como una simple resolución judicial, para millones de argentinos representa una nueva embestida contra el movimiento político que ha marcado a fuego la historia del país: el peronismo.
No se trata sólo de un fallo. Se trata de una señal. De un mensaje político disfrazado de imparcialidad institucional. Y la historia argentina ya ha vivido estos procesos. Desde el bombardeo a Plaza de Mayo en 1955, pasando por la proscripción del peronismo durante casi dos décadas, hasta las cárceles para dirigentes, gremialistas y militantes populares en los años 70. Cada uno de esos episodios tuvo consecuencias profundas, y la democracia pagó siempre un alto costo.
Hoy, como entonces, se pretende cerrar la puerta de la historia con llave judicial. El lawfare, ese mecanismo que consiste en judicializar la política y utilizar al Poder Judicial como brazo ejecutor de sectores económicos y mediáticos concentrados, muestra nuevamente su rostro. Y lo hace en un contexto social explosivo: con una economía paralizada, con la pobreza en alza, con una juventud sin horizonte y una clase trabajadora golpeada.
La condena a Cristina Kirchner, lejos de cerrar una etapa, puede abrir una de las más oscuras. La sensación en los barrios, en las organizaciones, en los sindicatos, es que esto no se aguanta más. Que la historia se repite y que el peronismo está nuevamente en la mira, no por delitos, sino por representar los intereses de las mayorías.
El fallo del caso Vialidad puede ser el fósforo que encienda una pradera seca. La estigmatización sistemática, la criminalización de la dirigencia peronista, y la omisión del contexto político de cada decisión judicial, configuran una maquinaria de disciplinamiento que sólo puede sostenerse con represión o con el miedo.
Pero el pueblo argentino ha demostrado, una y otra vez, que no acepta pasivamente la injusticia. Y si lo que viene es más persecución, más cárcel para los que defienden derechos, más mordazas para los que alzan la voz, entonces también se avecina la reacción popular. Nadie puede decir que no fue advertido.
La democracia no puede ser el decorado de una justicia funcional a intereses antipopulares. Si la Corte firma la condena, estará firmando también su responsabilidad histórica en el posible estallido de un conflicto social que ya hierve desde abajo.
