Hoy reabre la feria más grande de Latinoamérica, pero con un fuerte control judicial. Mientras tanto, la estrategia económica liberal del Gobierno genera réditos, negocios informales… y más desempleo.
Hoy, la mega feria La Salada relanza tres de sus principales espacios —Ocean, Urkupiña y Mega Polo— bajo un estricto control judicial, que incluye una intervención administrativa, presencia policial federal, monitoreo municipal y blanqueo fiscal . La decisión se ampara en la confesión de Jorge Castillo, su capo histórico detenido por lavado, evasión y venta de marcas falsificadas.
El relanzamiento llega en un momento clave, en medio del actual enfoque liberal del Gobierno: aperturas de mercados, reducción del gasto público y desregulación económica. Si bien estas medidas buscan estimular inversiones, su contracara es una frágil demanda interna y aumento del desempleo.
De esta forma, trabajadores y comerciantes empujan hacia lo informal: La Salada es su alternativa, aunque con condiciones de ilegalidad y precariedad. El fallo judicial que permite su reapertura reconoce eso: no elimina el núcleo del problema, solo lo regula temporalmente.
Este esquema encarna la paradoja nacional: un Estado que, al retraerse, crea espacios que luego interviene bajo urgencia, como si encarándolos desde afuera pudiera compensar su propia debilidad. Mientras tanto, el empleo formal no termina de recuperarse y millones buscan su sustento en mercados paralelos.
La reapertura de La Salada bajo control judicial no solo revela el poder persistente de estructuras informales en Argentina, sino también la falencia del modelo liberal actual para generar empleo y regular los sectores marginados. Sin políticas activas, la informalidad deja de ser una salida coyuntural para convertirse en mecanismo de supervivencia permanente.
