La empresa de correos más grande del país pidió la convocatoria de acreedores por una deuda de más de $100.000 millones. Mientras los grandes medios lo presentan como un hecho económico aislado, detrás se esconde una historia de vaciamiento, precarización y abandono deliberado de lo que alguna vez fue una herramienta clave del desarrollo nacional.
El colapso de OCA no es un accidente ni un caso más del mercado: es la consecuencia de años de políticas que entregaron servicios estratégicos al capital privado, sin control, sin defensa de los puestos de trabajo y sin una visión de país. El resultado está a la vista: una deuda impagable, miles de empleos en riesgo y otra estructura nacional que se derrumba sin que el Estado intervenga.
El pedido de convocatoria de acreedores por parte de OCA —la empresa privada de correo más grande del país— es mucho más que una noticia económica. Es el reflejo de un modelo que hace tiempo entró en colisión con los intereses del pueblo trabajador. Una firma que supo ocupar un lugar central en la logística nacional, con presencia en todo el país y decenas de miles de trabajadores a lo largo de su historia, hoy queda al borde del abismo, cargando con una deuda que supera los 100.000 millones de pesos.
¿Quiénes son los responsables? ¿Sólo sus últimos dueños? ¿O también un Estado que eligió mirar para otro lado mientras se desguazaban empresas, se tercerizaban servicios esenciales y se abandonaba toda planificación pública? El colapso de OCA no es una sorpresa: es la etapa final de un proceso de desregulación feroz, donde lo único que importa es el balance financiero de corto plazo, y no la función social ni el trabajo argentino.
En los últimos años, OCA fue víctima de un saqueo silencioso. Cambios de dueños, manejos opacos, vínculos con grupos financieros y un modelo laboral cada vez más precario fueron horadando su estructura. Lejos de fortalecer una red de servicios postales moderna e inclusiva, se priorizó el ajuste, la tercerización y la pérdida de derechos.
Y mientras tanto, ¿quién se hace cargo? Los trabajadores, claro. Los mismos que durante décadas hicieron de OCA una marca reconocida y un servicio confiable. Hoy están en la incertidumbre, frente a un Estado ausente, sin políticas activas para defender el empleo ni controlar a los grupos económicos que juegan con la estabilidad de miles de familias.
La historia es conocida: pasa con fábricas, con empresas estratégicas, con obras públicas abandonadas. Y ahora también con el correo. Todo lo que huela a estructura nacional, a derecho, a Estado presente, es puesto en la mira. El vaciamiento no es sólo económico, es ideológico. Es parte de una ofensiva contra un modelo de país que defendía la soberanía y el trabajo formal.
¿Hasta cuándo se va a permitir este desguace? ¿Cuántas OCA más tienen que caer para que se entienda que un país no se construye desde la especulación, sino desde la producción y el trabajo?
Argentina ya vivió esto. En los ’90, con las privatizaciones salvajes, también se perdió tejido productivo, se destrozaron empleos y se hipotecó el futuro. Hoy vuelve a pasar. Pero los pueblos tienen memoria. Y más temprano que tarde, también vuelven.
