En una reunión clave de la Comisión de Planeamiento, se debatió un proyecto que apunta a jerarquizar la seguridad e higiene en las obras particulares. El objetivo: terminar con la falta de fiscalización y prevenir nuevos accidentes en el Partido de Pinamar.
La iniciativa fue impulsada por la concejala Camila Merlo, con el aporte de especialistas en seguridad laboral. Se propone crear un área de auditoría municipal, fiscalización activa y formación obligatoria para los trabajadores de obra.
Pinamar, julio de 2025. La Comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante trató esta semana un proyecto que apunta a reforzar los controles de seguridad en las obras particulares del distrito. Bajo la consigna de que no haya más accidentes laborales, la concejala Camila Merlo presentó una propuesta que apunta a elevar los estándares de prevención en el ámbito de la construcción.
La edil convocó a profesionales en Seguridad e Higiene —las licenciadas Erika Cavazza y Luz Jiménez, y el técnico Cristian Ayala— para analizar el contenido del expediente y nutrir el debate. En ese marco, se denunció la falta de controles reales y la ausencia de jerarquización del rol de los profesionales del área.
“El Municipio habilita obras, pero no cuenta con personal técnico capacitado para fiscalizarlas”, advirtió Cavazza, quien propuso que los controles se hagan sobre obras de gran magnitud como primera etapa. Por su parte, Jiménez alertó que los planes de seguridad muchas veces se archivan sin supervisión, y que se necesita una intervención activa del Estado local.
Uno de los ejes centrales del proyecto es reemplazar el actual requisito simbólico del cartel de seguridad por un seguimiento efectivo del cumplimiento de las condiciones de obra. “El control debe existir más allá del papel”, remarcó Jiménez. También se mencionó que la Municipalidad difundió en sus redes una imagen de obra sin elementos de seguridad mínimos, lo cual motivó aún más el impulso de esta normativa.
El técnico Cristian Ayala reforzó la crítica: muchos vecinos pagan la tasa de Seguridad e Higiene, pero no ven reflejados controles en la práctica. En paralelo, se denunció que ninguna obra en el Partido cumple adecuadamente con la Resolución 61/2023 sobre trabajos en altura.
La concejala Merlo planteó que el objetivo no es solo normar, sino dejar capacidad operativa real en el Ejecutivo. Por eso propuso crear un área específica de auditoría, capaz de fiscalizar y registrar informes técnicos en cada expediente.
El concejal Fernando Ávila cuestionó que el proyecto no haya sido trabajado previamente en comisión y pidió que los informes técnicos de los profesionales se incorporen al expediente municipal. La concejala respondió que el proyecto busca ser un disparador y que se encuentra abierto a mejoras.
El edil Daniel Jouffre propuso, además, establecer una capacitación obligatoria en seguridad para los trabajadores, similar al curso de manipulación de alimentos, bajo la premisa de que “todo comienza con la educación”.
A pesar de las diferencias sobre el procedimiento, el proyecto será elevado a sesión con intención de articular su aplicación junto al Ejecutivo local y los colegios profesionales.
