Los reclamos por accidentes laborales alcanzaron niveles históricos en lo que va del 2025. Expertos advierten sobre múltiples factores detrás del fenómeno: desde la falta de prevención hasta fallas en el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Los juicios por accidentes laborales registran un incremento récord en Argentina, con impacto directo en las empresas, el sistema judicial y el mercado asegurador. Qué explica este fenómeno y cómo repercute en la economía formal.
Según datos del sector, los juicios por accidentes laborales están en su punto más alto desde la creación del sistema de Riesgos del Trabajo en 1996. Esta tendencia genera preocupación en el sector privado, particularmente en empresas de mediano y gran porte que advierten un aumento sostenido en la judicialización de los casos.
Entre las principales causas señaladas por especialistas se destacan el déficit en políticas de prevención dentro del ámbito laboral, la informalidad creciente y una percepción generalizada de que el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) no brinda respuestas satisfactorias a los trabajadores damnificados.
A ello se suman demoras en los procesos administrativos, pericias médicas controvertidas y fallos judiciales que muchas veces contradicen las determinaciones de las comisiones médicas. Esto alienta a los trabajadores a recurrir directamente a la vía judicial, incluso en casos donde hubo atención de las ART.
Desde el ámbito empresarial, se denuncia una “industria del juicio” que estaría motorizada por estudios jurídicos especializados. Sin embargo, voces del mundo laboral insisten en que la mayoría de los reclamos se originan en verdaderas falencias en materia de seguridad, sobre todo en rubros de alto riesgo como la construcción, el transporte y la industria manufacturera.
El fenómeno también repercute en las finanzas del sistema de ART, que ven incrementadas sus reservas técnicas ante la posibilidad de más condenas judiciales, y en los costos operativos de las empresas, que pagan alícuotas más altas.
El desafío, coinciden analistas, es fortalecer los mecanismos de prevención, mejorar la calidad del servicio médico y promover mayor transparencia en la resolución de controversias para evitar que el conflicto termine sistemáticamente en los tribunales.
